Seguidamente, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Ha pasado un año desde que 222 presos políticos fueron liberados por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y trasladados en avión a Estados Unidos.
Como señaló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una declaración con motivo del aniversario “el grupo incluía defensores de los derechos humanos, candidatos presidenciales nicaragüenses, activistas políticos, clérigos, periodistas, estudiantes y miembros de la sociedad civil y grupos empresariales”.
A su llegada a Estados Unidos, los presos políticos nicaragüenses fueron recibidos con atención médica, psicológica y asistencia jurídica. En Nicaragua, sin embargo, el presidente Daniel Ortega los llamó “terroristas”. El Congreso de Nicaragua los despojó de su nacionalidad. Un juez declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses y también los despojó de sus propiedades y ciudadanía.
Durante el pasado año continuó la persecución de los disidentes en Nicaragua. En septiembre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el gobierno está aumentando la presión sobre los defensores de los derechos humanos para obligarlos a abandonar el país. Además, la libertad académica en Nicaragua ha sido prácticamente eliminada. En agosto de 2023, el gobierno se apoderó de la prestigiosa Universidad de Centroamérica dirigida por los jesuitas, la más reciente de una serie de medidas del régimen para tomar decenas de instituciones de educación superior.
La Iglesia católica, su clero y sus religiosos siguen siendo el principal objetivo del gobierno Ortega-Murillo. Sacerdotes han sido arrestados y encarcelados, el más notorio, Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, quien fue sentenciado a 26 años de prisión luego de negarse a salir del país junto con los demás disidentes en febrero de 2023. Después de pasar meses en la infame prisión La Modelo, el obispo Álvarez fue trasladado a un avión con destino a Roma en enero de 2024 junto con otros 18 presos políticos católicos. Las hermanas religiosas que sirvieron a los pobres en Nicaragua han sido expulsadas del país y sus propiedades también fueron confiscadas.
Un año después de que más de doscientos prisioneros políticos fueran liberados de Nicaragua, el portavoz del Departamento de Estado, Miller, dijo: “Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan deteniendo injustamente o forzando al exilio a quienes desean ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua. Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar tales esfuerzos por silenciar las voces del pueblo nicaragüense”, declaró. “Renovamos nuestros llamados a las autoridades nicaragüenses para restablecer el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses”.
Fue un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.