A continuación un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su ataque a los derechos humanos. Arrestó a una de las activistas de derechos humanos más destacadas del país y ordenó el cierre de la oficina local de derechos humanos de Naciones Unidas.
El 9 de febrero Rocío San Miguel fue detenida por las autoridades mientras ella y su hija esperaban un vuelo a Miami. San Miguel es jefa de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que se centra en temas relacionados con las fuerzas armadas, los derechos humanos y la seguridad. La fiscalía general de Venezuela dijo que San Miguel está acusada de traición, conspiración y terrorismo. Varios miembros de su familia también fueron detenidos y retenidos durante días, antes de ser liberados y se les dijo que no podían salir del país.
El asesor de comunicaciones de seguridad nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos está “profundamente preocupado” por el arresto de San Miguel, agregando que llega en un momento cuando el presidente Maduro “necesita cumplir los compromisos que asumió en el otoño sobre cómo van a tratar a los activistas políticos de la sociedad civil, así como a los partidos de oposición”, en referencia al Acuerdo de Barbados. firmado por Maduro y los partidos de oposición en octubre, en el que Maduro se comprometió a trabajar para lograr elecciones libres y justas en 2024, incluso permitiendo que líderes de la oposición se postulen a cargos públicos.
Organismos locales e internacionales de derechos humanos condenaron la detención de Rocío San Miguel. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó “profunda preocupación” por la detención e instó a su liberación inmediata y al respeto de su derecho a la defensa legal. Días después, el régimen de Maduro ordenó el cierre de la oficina local de derechos humanos de la ONU y ordenó a su personal abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas.
En octubre, cuando el presidente Maduro firmó el acuerdo de Barbados, hubo un rayo de esperanza para que los venezolanos puedan restaurar el gobierno democrático en su país. Sin embargo, desde entonces, el régimen de Maduro ha arrestado a periodistas, activistas de la sociedad civil y ex miembros del ejército. La principal candidata de la oposición venezolana, María Corín Machado, ha sido inhabilitada de presentarse a las elecciones presidenciales.
Estados Unidos, como dijo el Asesor de Seguridad Nacional John Kirby, está observando los acontecimientos en Venezuela “muy, muy de cerca”. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en su deseo de restaurar la gobernabilidad democrática y pide al régimen de Maduro que libere a todos los presos políticos y regrese a la hoja de ruta establecida por el Acuerdo de Barbados.
Fue un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.