A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
Estados Unidos impuso sanciones a la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina. En un comunicado, el Departamento del Tesoro la calificó de “actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil en el país”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo: “La procuradora general, en concierto con el régimen Ortega-Murillo, ha abusado de su cargo al facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia mediante la confiscación ilegal de propiedades de opositores políticos del gobierno. "
Las incautaciones incluyen las propiedades de los 222 presos políticos que fueron liberados y expatriados a Estados Unidos en febrero de 2023. Los nicaragüenses exiliados también fueron despojados de su ciudadanía. Morales Urbina ayudó a formular la estrategia para designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear sus recursos financieros en virtud de una ley antiterrorista. Ella desempeñó un papel decisivo, señaló el Departamento del Tesoro, al permitir que el régimen Ortega-Murillo no sólo robara bienes inmuebles propiedad de presos políticos, sino también de medios de comunicación independientes y de organizaciones internacionales.
En una declaración separada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, observó que Morales Urbina es responsable del cierre de más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil, incluidos más de 250 grupos evangélicos. Ella también participó, dijo, “en los ataques infundados del régimen Ortega-Murillo contra instituciones religiosas, que incluyen acusaciones falsas y detención injusta de líderes religiosos”.
La designación significa que cualquier propiedad de Morales Urbina en Estados Unidos está bloqueada y que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales con ella.
Morales Urbina es procuradora general de Nicaragua desde 2019. En 2018 hubo protestas masivas contra el régimen Ortega-Murillo que fueron violentamente reprimidas por las autoridades. Desde entonces, como lo atestigua un informe de febrero de 2024 de expertos en derechos humanos de la ONU, la represión por parte del régimen se ha intensificado hasta incluir grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”.
Estados Unidos está decidido a responsabilizar a quienes en el régimen Ortega-Murillo están pisoteando los derechos del pueblo nicaragüense. Daniel Ortega, Rosario Murillo y más de cien funcionarios nicaragüenses del sistema político y judicial de Nicaragua ya han sido sancionados por Estados Unidos. Con la designación de la procuradora general, Estados Unidos demuestra que sigue firmemente comprometido a actuar contra los actores antidemocráticos y violadores de los derechos humanos de Nicaragua.
Este fue un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos.