A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos está profundamente preocupado y alarmado por el golpe de estado militar birmano. Los militares han detenido a los líderes del partido gobernante Liga Nacional para la Democracia y a los líderes civiles de Birmania, incluidos Aung San Suu Kyi y el presidente U Win Myint, junto con ministros del gabinete, los principales ministros de varias regiones, políticos de oposición, escritores, representantes de la sociedad civil y activistas.
El parlamento birmano tenía programado celebrar su primera sesión desde las elecciones nacionales del 8 de noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia, o NLD, el principal partido civil del país, obtuvo el 83 por ciento de los escaños
disponibles. Aung San Suu Kyi, jefa de la LND, ha sido la líder civil del país desde que asumió el cargo, en 2015.
Los líderes militares birmanos se negaron a aceptar los resultados de las elecciones, calificándolos de fraudulentos. Cuando sus acusaciones no lograron ganar apoyo, las tropas rodearon el edificio del parlamento y dieron un golpe de estado.
El ejército birmano anunció por televisión un estado de emergencia de un año, argumentando que la constitución de 2008 da a los militares el derecho a declarar una emergencia nacional. El ejército ha tomado el control de la infraestructura del país, se ha hecho cargo de la mayoría de los ministerios gubernamentales, ha suspendido la mayoría de las transmisiones de televisión y ha lanzado una campaña para reprimir a la sociedad civil.
El ejército ha entregado el poder al jefe del ejército, el general senior Min Aung Hlaing. Durante sus años de compartir el poder con funcionarios civiles electos, los militares mantuvieron una influencia sustancial en los asuntos políticos birmanos. La constitución otorga el control militar de los ministerios de Defensa e Interior. Además, los soldados tienen garantizada una cuarta parte de los escaños en el parlamento.
El presidente Joe Biden ha instado a la comunidad internacional a unirse para presionar a los militares birmanos para que renuncien inmediatamente al poder que han tomado, liberen a los activistas y funcionarios que han detenido, levanten todas las restricciones de las telecomunicaciones y se abstengan de la violencia contra los civiles.
El secretario de Estado Antony Blinken exigió a los “líderes militares birmanos a que respeten la voluntad del pueblo de Birmania, expresada en las elecciones democráticas del 8 de noviembre. Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania en sus aspiraciones de democracia, libertad, paz y desarrollo. Los militares deben revertir estas acciones de inmediato”.
Fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.