A continuación, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Continúa la represión de voces e instituciones independientes en Nicaragua y el régimen Ortega-Murillo apunta particularmente a la Iglesia Católica.
Recientemente, la policía nicaragüense inició una investigación penal contra el obispo Rolando Álvarez, jefe de la diócesis de Matagalpa, por presuntamente “organizar grupos violentos e incitarlos a cometer odio”.
Antes de ser confinado en su casa el 4 de agosto e impedido de celebrar misa en la iglesia, el obispo Álvarez había condenado al régimen por violaciones a la libertad de expresión, como el cierre de varias emisoras de radio católicas y otras independientes.
En su más reciente informe sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua, el Departamento de Estado destaca que Nicaragua fue nuevamente incluida en la Lista Especial de Vigilancia “por haber cometido o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa”.
El informe cita el hostigamiento e intimidación de la que han sido objeto fieles católicos por parte de la Policía Nacional de Nicaragua; amenazas de muerte contra miembros del clero; acusaciones contra sacerdotes y obispos por crímenes contra la seguridad nacional; ataques de la policía y turbas violentas de simpatizantes pro-gobierno contra instituciones religiosas.
El Departamento de Estado destacó que un periodista de La Prensa dijo que el régimen ha estado involucrado en una “guerra abierta” contra la Iglesia Católica desde abril de 2018, cuando las protestas antigubernamentales pacíficas en todo el país fueron reprimidas con fuerza violenta y sacerdotes y obispos condenaron la respuesta y la represión.
En marzo, el régimen Ortega-Murillo expulsó de Nicaragua al nuncio papal; en junio, despojó de carácter legal a la comunidad de monjas fundada por la Madre Teresa de Calcuta, obligándolas a abandonar el país.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su indignación por la conducta del régimen. Tuiteó: “El brutal ataque de Ortega contra el clero católico, las instalaciones de radio y miembros de la comunidad en Sébaco es otro golpe a la libertad religiosa en Nicaragua, así como a la libertad de expresión”.
La administradora de USAID, Samantha Power, tuiteó: “No es el tipo de historia que cualquier líder desee hacer. Ortega ha obligado a 1.000 grupos no gubernamentales a cerrar este año. El más reciente objetivo son las emisoras de radio. Apoyamos a los nicaragüenses para oponernos a estos intentos desesperados de silenciar a toda una nación”.
Durante el año pasado, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones a funcionarios nicaragüenses para promover la rendición de cuentas por las violaciones del régimen. Estados Unidos continúa exhortando al régimen Ortega-Murillo a que respete los derechos humanos de los nicaragüenses, entre ellos sus derechos a la libertad de expresión y religión o creencias.
Fue un editorial que refleja puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.