A continuación, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
A fines de 2016, el gobierno colombiano ratificó un acuerdo de paz que puso fin al conflicto sangriento entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El conflicto duró más de cinco décadas con un costo de unas 260.000 vidas y otras 80.000 personas desaparecidas.
Durante medio siglo de luchas, participantes de ambos bandos cometieron, o fueron acusados de cometer violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, para ayudar a la transición hacia la paz, a principios de 2017 se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el marco del acuerdo de paz. Su objetivo es satisfacer a las víctimas de violaciones y atrocidades, al permitir la investigación y procesamiento de los abusadores.
“Estados Unidos ha apoyado con orgullo el Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016.
El Acuerdo de Paz de Colombia hace frente a las atrocidades y abusos relacionados al conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita.
“Este sistema se basa en varias instituciones de justicia de transición que promueven la justicia y la rendición de cuentas. En particular, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, trabaja para acabar con la impunidad de los crímenes relacionados al conflicto”.
En apoyo a las acciones de la JEP para poner fin a la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado colombiano, Estados Unidos sancionó a tres exfuncionarios colombianos por su participación en graves violaciones a los derechos humanos, de conformidad con la Sección 7031c del Departamento de Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2023.
En 2007, el excoronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez encabezó el batallón La Popa. Esta unidad realizó una actividad ofensiva de contraguerrilla y ha sido acusada de ejecutar extrajudicialmente a civiles en sus operaciones, con la intención de hacerlos pasar por guerrilleros.
El excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez fue señalado por ser también oficial del batallón La Popa.
El exgeneral Iván Ramírez Quintero comandó la brigada 20 del Ejército de Colombia, que fue desmantelada en 1998 por acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 1985, Ramírez estuvo a cargo de los servicios de inteligencia y contrainteligencia del gobierno colombiano. Fue acusado de participar en la desaparición de numerosas personas en 1985.
“Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto”, dijo el secretario Blinken, “y continuará trabajando con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016”.
Fue un editorial que refleja puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.