A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.
Estados Unidos está comprometido a apoyar la gobernabilidad democrática y el estado de derecho en Centroamérica.
Para avanzar en esta prioridad, el Departamento de Estado agregó siete personas a la lista de EE. UU. de Actores No Democráticos y Corruptos, bajo la Sección 353 de la Ley de
Compromiso Aumentado Estados Unidos-Triángulo Norte. Esta designación generalmente impide a las personas obtener visas y ser admitidos en Estados Unidos.
Estas designaciones se hicieron en respuesta a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala, respectivamente.
En El Salvador, Elsy Dueñas De Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos por la Asamblea Legislativa. Este proceso parece violar la constitución salvadoreña.
Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se instalara la Asamblea Legislativa recién elegida. Una vez instalados, los nuevos magistrados declararon constitucional su propia instalación por parte de la Asamblea Legislativa.
Luego, los magistrados aprobaron una controversial interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del Presidente a pesar de las prohibiciones expresas en la Constitución que prohíben períodos consecutivos de la Presidencia.
En Guatemala, María Consuelo Porras, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales con el fin de proteger a los aliados políticos y ganar el favores personales. El patrón de
obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones de corrupción llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluso destituyendo indebidamente a su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval.
Además, Ángel Pineda, actual Secretario General del Ministerio Público de Guatemala, obstruyó las investigaciones anticorrupción.
Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas por los ataques a las instituciones y procesos democráticos, la obstrucción de los esfuerzos anticorrupción y los actos de corrupción en Centroamérica. Estados Unidos también continuará apoyando los esfuerzos para promover la prosperidad y la seguridad en
la región en asociación con la sociedad civil centroamericana, el sector privado y los gobiernos, como el avance del crecimiento económico inclusivo y la lucha contra el crimen transnacional.
"Continuaremos asociándonos con funcionarios del gobierno que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática", dijo el secretario de Estado Antony Blinken, "incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular".
Fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.