En recientes comentarios ante Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, dijo que “los nicaragüenses se enfrentan a una nueva amenaza en la forma de COVID-19 y la falta de una respuesta responsable del gobierno que casi con seguridad ha causado la pérdida trágica e innecesaria de vidas. Este es un gobierno que no se preocupa por su pueblo, un gobierno que solo se preocupa por permanecer en el poder indefinidamente”.
Al mismo tiempo, destacó el embajador Trujillo, el gobierno de Ortega sigue silenciando “el periodismo independiente y la sociedad civil que buscan decir la verdad” y “destituye a los trabajadores de la salud que aboguen por medidas más fuertes de protección contra la pandemia”.
Como respuesta a las negociaciones corruptas del régimen de Ortega, Estados Unidos anunció sanciones adicionales, el 17 de julio, a Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mojica Mejía, Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A.
Estas acciones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, congelan los activos de los dos designados y dos entidades en EE.UU. y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Estas personas y entidades se han apropiado indebidamente de fondos públicos y bienes privados expropiados, para beneficio personal o con fines políticos, y han participado en la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o sobornos. Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y Primera Dama Rosario Murillo, administra la compañía de medios Difuso Comunicaciones S.A., la cual él ha utilizado para asfixiar voces independientes, difundir propaganda del régimen y defender la violencia y la represión de los
Ortega. Desde hace tiempo, Mojica y Mundo Digital S.A. se han beneficiado de acuerdos corruptos con el régimen, tanto para enriquecerse a sí mismos, como para permitir que los asociados del régimen eviten sanciones.
Estados Unidos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en una declaración escrita, “continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que deje de reprimir al pueblo nicaragüense, garantice libertades civiles básicas y permita condiciones para elecciones libres y justas para trabajar hacia la restauración de la democracia en Nicaragua”.
Ese fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
