A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
El Congreso de Guatemala está tratando de designar a un individuo con graves acusaciones en su contra para que sea magistrado de la Corte Constitucional.
Las acusaciones incluyen conspiración para obstruir la justicia y evidencia de un involucramiento previo con Gustavo Alejos, un exasesor presidencial, a quien el Departamento de Estado designó anteriormente, públicamente, por su participación en corrupción significativa que socavó el estado de derecho en Guatemala. El primero de febrero, a raíz de un caso interpuesto por el Ministerio Público de Guatemala, un juez emitió una orden de arresto contra este potencial magistrado de la Corte Constitucional, por obstrucción de la justicia.
La conexión con Gustavo Alejos es preocupante. En 2020, el despacho de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala expuso grave interferencia en el sistema de justicia. La investigación determinó que Gustavo Alejos, empresario guatemalteco y exjefe de gabinete del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, quien actualmente se encuentra detenido por corrupción, había creado un mecanismo para influir en el proceso de selección de magistrados de apelación y de la Corte Suprema de Justicia. Según informes de prensa, Alejos tuvo contacto con al menos 41 personas involucradas en el proceso de selección judicial, incluyendo 10 legisladores, dos de los cuales forman parte del liderazgo actual en Guatemala.
En consecuencia, el Departamento de Estado de EE.UU. designó a Alejos y a sus familiares inmediatos como inelegibles para ingresar a Estados Unidos, en junio de 2020, por su participación en corrupción significativa. En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del expresidente de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en socavar el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno.
El intento del Congreso de Guatemala de nombrar a la Corte Constitucional a una persona estrechamente asociada con Alejos y que enfrenta graves acusaciones de corrupción pone en duda la integridad de la corte más alta de Guatemala, debilitando así el estado de derecho y socavando una prioridad clave de Estados Unidos para la cooperación con Guatemala, para fortalecer la gobernanza democrática, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, en un comunicado.
Estados Unidos está comprometido a apoyar la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad endémicas, un paso necesario hacia el futuro próspero y seguro que merece el pueblo de Guatemala. La selección justa y transparente de los magistrados a la Corte Constitucional es vital para la integridad de las instituciones democráticas de Guatemala.
Fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.