A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Colombia ha estado oficialmente en paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, desde que firmó un acuerdo de paz con el grupo en 2016.
El Embajador de Estados Unidos, Jeffrey DeLaurentis, Asesor Principal para Asuntos Políticos Especiales de Naciones Unidas señaló que, en el último año, Colombia ha dado pasos significativos para implementar el Acuerdo de Paz.
En la Cámara de Representantes de Colombia se han establecido 16 curules para víctimas del conflicto.
La Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, emitió 34 acusaciones contra las FARC y militares colombianos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La JEP también ha recibido información y confesiones por parte de miembros de las FARC y militares que cometieron atrocidades y abusos.
Cinco años después del acuerdo, unos 13.000 excombatientes de las FARC siguen comprometidos con la paz. Su compromiso se ha complementado con la provisión de beneficios económicos y sociales por parte del gobierno y la mayoría de dichos excombatientes ahora tienen acceso a servicios gubernamentales y financieros: 99% está inscrito en el sistema de salud de Colombia, 95% tiene cuentas bancarias y más del 30% se ha inscrito en programas educativos o de instrucción vocacional.
“También notamos”, dijo el Embajador DeLaurentis, “que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar en Colombia. Ya que el examen preliminar de la CPI estuvo abierto desde 2004, estas medidas del Fiscal demuestran una mayor confianza en las instituciones de justicia transicional en Colombia”.
El 30 de noviembre, Estados Unidos anunció el levantamiento de la designación terrorista de las FARC.
“Sin embargo, seguimos alertas contra quienes amenacen la paz de Colombia y se nieguen a bajar las armas”, advirtió el embajador DeLaurentis. “En consecuencia, Estados Unidos ha designado a Segunda Marquetalia y a las FARC-EP, compuestas en gran medida por disidentes de las FARC que han abandonado o rechazado el proceso de paz, como organizaciones terroristas”.
Aunque Colombia ha progresado hasta hoy, queda espacio para mejorar. Las comunidades étnicas enfrentan una situación de seguridad en deterioro y las comunidades indígenas y afrocolombianas son víctimas desproporcionadas de la violencia.
Además, la inseguridad y las protecciones judiciales inadecuadas han amenazado la reforma agraria, la sustitución voluntaria de la coca y la limpieza de minas terrestres.
Trabajando juntos, el gobierno y el pueblo de Colombia pueden garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de Colombia. “Es vital que Colombia tenga éxito en estos esfuerzos”, dijo el Embajador DeLaurentis, “y sabemos que con un esfuerzo renovado, dicho éxito es posible”.
Fue un editorial que refleja los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.