A continuación, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos condenó la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus ciudadanos de la nacionalidad y revocar la ciudadanía a 222 presos políticos que fueron liberados a principios de febrero.
“Estos actos son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. “Marca otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático”.
El 9 de febrero, 222 presos políticos, incluidos líderes políticos y empresariales nicaragüenses, actores religiosos, activistas de la sociedad civil, periodistas y estudiantes, fueron liberados de prisión y trasladados en avión a Estados Unidos. Fueron recibidos a su llegada con atención médica, psicológica y jurídica.
En Nicaragua, el presidente Ortega calificó de “terroristas” a los presos políticos liberados. Un juez leyó un comunicado según el cual los liberados eran culpables de acciones que socavaban la independencia y soberanía de Nicaragua, y que habían sido “deportados”. Más exactamente, por supuesto, como dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, “quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos”.
Poco después, el Congreso de Nicaragua votó por unanimidad despojar a los 222 liberados de su ciudadanía. Días después, un juez de la corte de apelaciones declaró traidores a otros 94 disidentes nicaragüenses, y también fueron despojados de sus bienes y ciudadanía. Entre este grupo se encuentran el destacado autor Sergio Ramírez, la destacada activista de derechos humanos Vilma Núñez y el obispo católico Silvio Báez.
Desde que estallaron manifestaciones callejeras masivas en Nicaragua en 2018 en protesta por el régimen represivo de Daniel Ortega, su gobierno se ha esforzado por erradicar las voces e instituciones independientes. La decisión de despojar de la nacionalidad o ciudadanía a los nicaragüenses, que pretenden ejercer sus derechos humanos fundamentales, para borrarlos y silenciarlos, es un acto deplorable. Como dijo el Secretario de Estado Blinken, “aquellos que valientemente defiendan la democracia en Nicaragua serán siempre ciudadanos y patriotas”.
El Portavoz Adjunto Principal del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a periodistas que “seguimos firmes en alentar medidas adicionales por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a raíz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos”. Despojarlos de su ciudadanía, añadió, “es un paso en la dirección contraria”.
Fue un editorial que refleja puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.