A continuación, un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Estado sancionó a cien funcionarios nicaragüenses por sus “implacables ataques a las libertades civiles” bajo el régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a Estados Unidos.
El secretario de Estado Antony Blinken acusó a estos funcionarios de participar en intentos de “reprimir las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, entre ellos el obispo Rolando Álvarez”.
Álvarez fue uno de varios sacerdotes arrestados el año pasado después de que se pronunció contra el cierre de varias estaciones de radio católicas por parte del gobierno de Nicaragua y criticó el historial del gobierno en materia de derechos humanos.
En febrero, Álvarez, quien se negó a exiliarse en Estados Unidos, fue sentenciado a 26 años de prisión por socavar al gobierno, diseminar información falsa, obstrucción de funciones y desobediencia, según informó Associated Press. También fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.
En una publicación en X, antes conocido como Twitter, el secretario Blinken instó al “régimen a que libere incondicional e inmediatamente al obispo Álvarez y a todos los detenidos injustamente”.
Las sanciones adicionales se producen días después de que el gobierno de Ortega allanara la Universidad Centroamericana, una institución dirigida por jesuitas fundada en 1960, alegando que es un “centro de terrorismo”.
Desde entonces, a la universidad se le ha negado financiamiento y a sus principales dirigentes se les ha prohibido volver a ingresar al país cuando salen de viaje.
“Con esta confiscación, el gobierno de Ortega ha enterrado la libertad de pensamiento en Nicaragua”, dijo María Asunción Moreno, quien fue profesora de la universidad hasta que se vio obligada a exiliarse en 2021.
En febrero, el gobierno de Nicaragua despojó a 94 de sus ciudadanos de su nacionalidad y revocó la ciudadanía a 222 presos políticos que fueron puestos en libertad. En junio, el régimen de Ortega confiscó propiedades pertenecientes a esas 222 figuras de la oposición.
Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente manifestaciones masivas que estallaron en 2018 en protesta contra el gobierno represivo del régimen de Ortega.
“Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua”, declaró el secretario Blinken. “Seguimos comprometidos con la promoción de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.
Fue un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.