Este es un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Hace ocho años, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron un acuerdo de paz que puso fin a un conflicto de 52 años que dio muerte a más de 220.000 personas y desplazó a millones más.
Hoy, a pesar de importantes avances, persisten desafíos, según Naciones Unidas. El país enfrenta dos problemas importantes. El primero es el conflicto regional. El segundo es una economía ilícita o “guerras de codicia”, según Naciones Unidas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo recientemente que su país “no pudo resolver su problema de violencia porque no incluyó todos sus territorios en el proceso de construcción de la nación como un estado democrático”.
“Estados Unidos ha apoyado firmemente el Acuerdo de paz desde su firma”, dijo la Representante Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.
“Tal como el conflicto se desarrolló durante años, también lo hará el alivio de sus consecuencias, incluidos los retos actuales a la seguridad, la estabilidad y la lucha contra las drogas. Para lograrlo, se deben acelerar los esfuerzos hacia la plena implementación del acuerdo de paz, incluida la justicia para las víctimas y los sobrevivientes”.
La embajadora Thomas-Greenfield también dijo recientemente al Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos felicita a la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional creado como parte del acuerdo de paz, por su “vital trabajo en apoyo a las víctimas y sobrevivientes del conflicto”. Además, destacó que Estados Unidos da la bienvenida al “progreso hacia la reforma rural, un componente integral y desafiante pero vital del Acuerdo de Paz de 2016”.
“Para avanzar en el capítulo de Reforma Rural Integral y crear comunidades más equitativas, sostenibles y pacíficas en Colombia, se debe hacer más para ampliar los derechos sobre la tierra, la agricultura climáticamente inteligente y el acceso al financiamiento. Esto se refiere especialmente a las mujeres y a las comunidades raciales, étnicas e indígenas marginalizadas”.
La embajadora Thomas-Greenfield notó que fortalecer los esfuerzos de Colombia y Estados Unidos para prevenir el reclutamiento de niños por parte de grupos armados es un buen ejemplo del esfuerzo holístico necesario para poner fin a la violencia.
“Necesitamos dejar de tratar a los jóvenes como simples impulsores de conflictos o víctimas que necesitan protección y, en cambio, empoderarlos como líderes y socios en igualdad de condiciones en el desarrollo de soluciones constructivas”.
“Los procesos de paz anteriores han demostrado que una estrategia de seguridad es esencial para presionar a los grupos armados ilegales a negociar de buena fe”, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. “Continuaremos dando seguimiento a las discusiones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.
Es esencial que las partes cumplan sus compromisos y garanticen el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Fue un editorial que refleja opiniones del gobierno de Estados Unidos.