Acontinuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
Nicaragua dio el golpe de gracia a unas elecciones libres y justas.
El 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua descalificó al partido de oposición Ciudadanos por la Libertad para participar en las elecciones del 7 de noviembre.
El fallo no debe sorprender, ya que, como señala el más reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado sobre Nicaragua, "el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente Daniel Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral".
El secretario de Estado Antony Blinken dijo en un comunicado que la prohibición del último partido genuino de oposición en Nicaragua subraya el deseo de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de “permanecer en el poder a toda costa”.
Señala que la descalificación del partido de oposición "se produce tras la detención de siete candidatos presidenciales 24 figuras de la oposición, activistas de derechos humanos, líderes empresariales, estudiantes y trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales en los últimos dos meses".
El presidente Ortega está tratando de asegurar su cuarto mandato en el cargo y está decidido a no permitir que ningún obstáculo se interponga en su camino, ciertamente ningún proceso, institución o defensores democráticos. El secretario Blinken dijo que la elección en Nicaragua "incluyendo sus eventuales resultados, ha perdido toda credibilidad".
En respuesta a la ola de represión que tiene lugar en Nicaragua, que incluye el socavamiento de la democracia y la violación de los derechos humanos, el 9 de junio Estados Unidos impuso sanciones a cuatro miembros del régimen Ortega-Murillo. El 10 de julio, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 100 legisladores, jueces y fiscales nicaragüenses, así como a varios de sus familiares.
El 6 de agosto, Estados Unidos restringió las visas de otros 50 familiares inmediatos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y de fiscales y jueces de Nicaragua. Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, "nadie que se beneficie del debilitamiento de las elecciones libres y justas en Nicaragua será bienvenido en Estados Unidos".
En su declaración, el secretario Blinken destacó que el régimen Ortega-Murillo no ha cumplido con sus compromisos internacionales bajo la Carta Democrática Interamericana, ni con los derechos del pueblo nicaragüense de elegir libremente a sus propios líderes.
"Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con otras democracias para responder diplomática y económicamente a estos acontecimientos nefastos, que solo privan aún más al pueblo nicaragüense de
su deseo de un gobierno representativo y prosperidad económica".
Fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.