A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.
El 31 de agosto, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en Venezuela, anunció que indultaría condicionalmente a 110 personas, incluidos algunos presos políticos. De estos, 50 estaban en la cárcel, 37 estaban siendo investigados y 23 ya habían sido puestos en libertad condicional.
Antes de la liberación, el régimen ilegítimo tenía 386 presos políticos. Según Foro Penal, ahora 333 venezolanos están encarcelados sin motivo válido, más allá de su oposición a un régimen ilegítimo encabezado por un presidente ilegítimo.
“Estos sobreseimientos de los cargos son condicionales, y los funcionarios amenazan con rescindir el beneficio si alguna persona “regresa a cualquier acto de terrorismo, violencia o golpismo”, según lo determinado arbitrariamente por el régimen”, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, en una declaración escrita.
“La mayoría de los líderes políticos democráticos venezolanos exiliados no podrán regresar, porque saben que podrían ser encarcelados instantáneamente; hay cero garantías para su seguridad. Los cargos contra el diputado Juan Requesens no fueron sobreseídos y permanece bajo arresto domiciliario. El mismo día que Requesens fue liberado, la madre del diputado de la Asamblea Nacional Armando Armas fue detenida arbitrariamente, recordándonos que el régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamiento e intimidación para extorsionar la participación en la farsa electoral de Maduro del 6 de diciembre”, escribió el secretario de Estado Pompeo.
La llamada “amnistía” es una estratagema política para legitimar las elecciones nacionales del 6 de diciembre en Venezuela. Los 167 escaños de la Asamblea Nacional están en juego, incluido el del rival político de Maduro Juan Guaidó, quien ha sido presidente interino en su capacidad constitucional como presidente de la Asamblea Nacional, desde enero del año pasado. Maduro también aumentó inconstitucionalmente el número total de escaños en 110, para asegurar una falsa mayoría a cualquier costo.
“Las condiciones para unas elecciones libres y justas no existen en Venezuela y la liberación de varios presos políticos no cambia eso. Ninguno de los partidos políticos cuyo liderazgo fue removido y sus nombres, símbolos y bienes, robados por el régimen, han sido restaurados. Muchos opositores políticos del régimen todavía tienen prohibido postularse para cargos públicos y siguen sin derechos políticos”, dijo el secretario Pompeo.
“Instamos a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a seguir insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas. Nosotros, y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por restaurar la democracia en su país”.
Fue un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos.