El siguiente es un editorial que refleja los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos:
Sin importar lo que cueste, Daniel Ortega y Rosario Murillo están determinados a asegurar la reelección de Ortega para un cuarto término consecutivo como presidente de Nicaragua.
Con ese fin, ellos están librando una amplia campaña de intimidación, acoso y represión contra la sociedad civil, periodistas, críticos, y oponentes políticos.
Ellos orquestaron la aprobación de leyes draconianas destinadas a sofocar las criticas de los medios independientes y en línea; requirieron a organizaciones y negocios que reciben fondos del exterior a registrar a los agentes externos, con el objeto de permitirle al gobierno monitorear sus finanzas; e impulsaron una enmienda a la constitución de Nicaragua que permite sentencias a cadena perpetua por lo vagamente definido como “delitos motivados por odio al gobierno”.
El Consejo Electoral Supremo controlado por Ortega y Murillo descalificó al principal partido de oposición para las próximas elecciones al suspender su condición legal.
Candidatos de la oposición han sido detenidos, hostigados, descalificados para postularse, acusados de delitos como lavado de dinero y “atacar a la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, o fueron arrestados sin ninguna explicación.
Los ataques flagrantes de Ortega y Murillo a lo que queda de la democracia de Nicaragua fueron posibles por facilitadores en las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, y funciones electorales del gobierno.
Por su papel en permitir los ataques de Ortega, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 19 funcionarios electorales y partidos políticos nicaragüenses.
“Durante los pasados tres meses, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han intimidado a cualquiera que se oponga a sus esfuerzos para fortalecer su poder en Nicaragua, incluidos el arresto de decenas de candidatos políticos, periodistas, estudiantes y líderes empresariales, trabajadores de Organizaciones no gubernamentales, y defensores de derechos humanos, y a través de la descalificación del cualquier candidato que busque postularse contra ellos en las elecciones del siete de noviembre”, señaló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una declaración escrita.
Esta acción se produce tras una medida anterior para imponer restricciones de visa a 150 jueces nicaragüenses, fiscales y miembros de la familia de esos funcionarios. La política de restricción de visas a nicaragüenses quienes, de una forma u otra, han participado para socavar la democracia o cometer abusos a los derechos humanos como la represión de protestas pacíficas.
La decisión también se aplica a miembros cercanos de los familiares de esos funcionarios.
“Con la medida de hoy”, dijo el portavoz Price… “subrayamos nuestro compromiso para promover la responsabilidad a todos los cómplices en el asalto a la democracia del gobierno Ortega-Murillo. Ellos no son bienvenidos a Estados Unidos”, señaló.
Este fue un editorial que refleja los puntos de vista del gobierno de Estados Unidos.